Pregunta.- Como primera mujer latinoamericana al frente de la Secretaría General de la OISS, ¿qué ha supuesto y supone, personal y profesionalmente, el desempeño de esta labor para usted?

Respuesta.- En lo personal, es un orgullo estar al frente de un organismo internacional como lo es la OISS, por su relevancia en la región y por la oportunidad de desarrollar acciones que han permitido mejorar la calidad de vida de las personas de los países iberoamericanos. En lo profesional, es una gran satisfacción por las acciones que venimos realizando y que hemos logrado extender desde mi posesión como secretaria general, las cuales han implicado la incorporación de un Plan Estratégico que abordó, desde su inicio, objetivos como la Promoción de la extensión y mejora de prestaciones de los sistemas de seguridad social y protección social en los países iberoamericanos, considerando, especialmente, a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nº 1 (Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes), nº 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades), nº 5 (Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas) y nº 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente). El Fomento de la internacionalización de la Seguridad Social, promoviendo la cooperación internacional y el intercambio de experiencias en la región, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nº 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos) y nº 17 (Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible). La contribución al fortalecimiento de los sistemas nacionales de seguridad social mejorando los mecanismos de gobernanza, incluyendo la equidad de género, la prevención y lucha contra el fraude y la disminución de la judicialización de la Seguridad Social, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 10 (Reducir la desigualdad en y entre los países) y del nº 5 (Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas). Así como el apoyo al fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud y protección social en el contexto de la pandemia de la Covid-19 y de la crisis económica y social derivada de esta. Igualmente, la complacencia por el nuevo Plan Estratégico 2024-2030, aprobado por la Comisión Directiva de la OISS el pasado 19 de marzo, que recoge cinco Orientaciones Estratégicas que permitirán abordar los retos que plantea el futuro de la seguridad social y la protección social en la región iberoamericana para los próximos años, cuyo objetivo general es el de procurar niveles de calidad de vida digna para la población iberoamericana a través del desarrollo de las siguientes orientaciones estratégicas: Extender y mejorar las prestaciones de los sistemas de Seguridad Social; Fomentar la internacionalización de la Seguridad Social; Fortalecer los sistemas nacionales de Seguridad Social; Extender y mejorar los Sistemas de Salud; y Fortalecer los sistemas nacionales de Protección Social.

P.- La OISS se constituyó en 1954. Se cumplen, pues, 70 años de una entidad única. ¿Cómo valora la evolución de los sistemas de la Seguridad Social de los países miembro? y ¿qué hitos destacaría desde su fundación?

R.- En estas siete décadas, las sucesivas crisis económicas, los cambios en los mercados laborales, los procesos de industrialización y tecnologización, los escenarios internacionales y regionales en evolución, e incluso la reciente pandemia, han planteado importantes retos a estos sistemas, al tiempo que han puesto de manifiesto su papel clave para procurar una calidad de vida digna a la población cuando más lo necesitan. La forma de abordar los desafíos de la pobreza y la informalidad laboral, las migraciones, el envejecimiento demográfico, el déficit público o la concepción del papel del Estado generaron paradigmas de política pública que han evolucionado en estas décadas y que han moldeado los sistemas de cada país; sistemas que durante este tiempo han transitado por procesos de reformas liberales, por una segunda ola de reformas –las llamadas ‘re reformas’–, y por una reciente serie de revisiones, algunas paramétricas y otras estructurales, de mayor calado. En estos 70 años, la OISS ha evolucionado extendiéndose en la región, no solo en el número de instituciones miembros, sino también en el número de centros de acción regional, de delegaciones nacionales, de convenios de colaboración con entidades locales, nacionales e internacionales, y de áreas de trabajo. Partiendo de la cooperación interinstitucional en materia de pensiones contributivas de los primeros años, se fueron añadiendo otros pilares de trabajo, siendo una seña de identidad la labor para la eficiencia de las gestiones de los sistemas de seguridad social, de los sistemas de salud y la prevención de riesgos laborales y salud ocupacional, y más recientemente, el de las prestaciones no contributivas y los servicios sociales, la transversalización de la perspectiva de género y el trabajo específico con sectores de atención prioritaria, como las personas mayores o con discapacidad, en los que la OISS ha sido pionera. La labor de esta organización ha seguido desarrollándose mediante la elaboración de estudios –algunos de ellos transformados recientemente en observatorios–, la cooperación técnica con las instituciones responsables de los sistemas de seguridad social y de protección social, la formación del personal técnico y directivo de las instituciones con cursos presenciales y virtuales y la generación de espacios regionales de reflexión e intercambio de experiencias sobre las materias de su competencia. Son numerosas las acciones llevadas a cabo en este período, entre las que destacan el Convenio Iberoamericano de Cooperación en Seguridad Social y el Convenio Iberoamericano de Reciprocidad en Seguridad Social (Quito, 1978), el Código Iberoamericano de Seguridad Social (1995), el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur (1997), el Instrumento Andino de Seguridad Social (Decisión 583/2004) y, la más reseñable, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (2007) vigente ya en 13 países de la región desde 2011 y del que se han beneficiado más de 120.000 personas. Entre otros programas y acciones, como ya lo he mencionado anteriormente, cabe destacar las tres Estrategias Iberoamericanas de Seguridad y Salud en el Trabajo, la última correspondiente al periodo 2021-2025; así como el programa sobre empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica, lanzado por la OISS en el año 2012; al igual que el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (PICSPAM), programa de cooperación intergubernamental aprobado por la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Asunción (Paraguay) en 2011 y cuya unidad técnica ha sido asumida desde entonces por la OISS.

P.- Ustedes coordinan el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (PICSPAM), aprobado en 2011. ¿Cuáles son sus objetivos y cómo está siendo su evolución?

R.- El Objetivo general del programa es contribuir al goce y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, en condiciones de igualdad para todos los géneros, en Iberoamérica. El objetivo general se desarrolla en dos objetivos estratégicos y uno táctico relacionado con el propio fortalecimiento del Programa. En estos objetivos, resultados y líneas de acción se han incluido los temas que se consideran prioritarios en el ámbito de las personas mayores en Iberoamérica y serán desarrollados en planes operativos anuales en los cuales cada año se priorizarán actividades en una serie de líneas de acción. Estas actividades serán aprobadas en las reuniones anuales del Consejo Intergubernamental a propuesta de las personas que representan a las instituciones miembros del Programa. Este marco temporal de medio plazo permitirá, por medio de los informes de seguimiento anual, ir introduciendo aprendizajes y correcciones en su ejecución. El primer objetivo estratégico está enfocado al fortalecimiento de las políticas públicas del ámbito de las personas mayores desde los seis primeros elementos identificados como el valor añadido del Programa. Está alineado con los ámbitos de actuación del Plan de Acción de la Década del Envejecimiento Saludable. El segundo objetivo estratégico está enfocado a mejorar la percepción social de la vejez y del envejecimiento, así como a erradicar el edadismo. Por el término “edadismo” se entiende “a los estereotipos y prejuicios existentes con relación a la edad” (Robert Butler). Por primera vez, en el marco de acción del programa se prioriza trabajar directamente con las personas mayores en la toma de conciencia sobre sus derechos y contribuir así al proceso de empoderamiento entendido como “el proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven”. Para ello es clave no solo el trabajo con las propias personas mayores (resultado 2.1) como la toma de conciencia de la ciudadanía iberoamericana desde un enfoque intergeneracional (resultado 2.2). Este objetivo está alineado con el primer ámbito de actuación del plan para la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 que insta a cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar ante la edad y el envejecimiento. El Objetivo táctico está relacionado con los principales retos identificados en la gestión del Programa, tratando de fortalecer aquellos aspectos que contribuyan a un mayor impacto de las acciones del programa. El programa ha venido avanzando con seis informes del Observatorio Iberoamericano sobre Personas Adultas Mayore, cuyo objetivo es aportar, de manera periódica, información relevante sobre las condiciones de vida y las necesidades de las personas adultas mayores en la región iberoamericana, en especial respecto a la protección social integral, para detectar las problemáticas vigentes e implementar buenas prácticas. Su última finalidad es proporcionar datos que sirvan de apoyo para diseñar y mejorar las intervenciones hacia esta población. Además de la información concerniente a los países miembros del Programa, el Observatorio busca dar una visión global de las condiciones de vida de las personas adultas mayores en Iberoamérica y facilitar el intercambio de experiencias exitosas entre instituciones de la región. En la actualidad se encuentra en proceso el número siete: Estudio sobre el estado de la cuestión respecto a iniciativas evaluadas/eficaces de sensibilización para combatir el edadismo (análisis comparado). Asimismo, destacan el Protocolo Iberoamericano sobre prevención y abordaje del maltrato, abuso y violencia hacia las personas adultas mayores; el Protocolo Iberoamericano de Formación Básica en Cuidados; el Protocolo sobre el acceso de las personas mayores a la sociedad digital en Iberoamérica, la Guía «Paso a Paso» para acercar el mundo digital a las personas mayores estos dos últimos elaborado conjuntamente entre OISS-OEI y la Fundación Astur. Igualmente, los treinta boletines sobre el PICSPAM como documentos monográficos y los Newletter, además de una variedad de formación tanto presencial como online y seminarios en diferentes ámbitos, entre otros sobre Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ciudades amigables.

P.- Han organizado –junto con la AECID– un taller titulado ‘Introducción a la Comunicación Inclusiva: una mirada desde la diversidad’, un título que nos evoca el tema del edadismo. Con su experiencia, ¿qué cree que habría que hacer para plantarle cara?

R.- Efectivamente en el taller se incluyó el edadismo como un elemento para revisar con el objetivo de abolir la discriminación por la edad a través de un lenguaje inclusivo, y es desde la concienciación, el respeto de los derechos y el valor que tienen las personas mayores, desde donde deben trabajar las instituciones y poner de relieve su importancia para la sociedad. Este trabajo de concienciar es algo cultural que se debe inculcar desde la infancia. Para hacer frente al edadismo es necesario, entre otras acciones, por un lado, identificar aquellas medidas que discriminan bajo el criterio de la edad desde el ámbito público y que hemos normalizado. Un ejemplo, en algunos países, a partir de los 65 años, las personas están exentas de participar en las mesas electorales cuando algunas de ellas quieren seguir participando en este ejercicio de ciudadanía democrática; o agilizando los trámites administrativos para reducir los plazos; o hemos normalizado que la edad sea un criterio de exclusión en la atención sanitaria, como ocurrió durante la pandemia. Por otro lado, es necesario sensibilizar y concienciar a las personas mayores sobre sus derechos para que puedan ejercerlos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, por ejemplo, que puedan decidir libremente sobre sus tratamientos, sobre qué quieren hacer con sus bienes etcétera. Igualmente, es necesario sensibilizar y concienciar a toda la ciudadanía sobre la discriminación por cuestión de edad, especialmente desde los medios de comunicación, publicidad, redes sociales, en los cuales son constantes los mensajes negativos sobre la vejez y el envejecimiento. Desde la OISS venimos trabajando en diferentes acciones para extinguir el edadismo. Para 2025, tenemos programado el Seminario sobre ‘Estrategias para eliminar el edadismo en Iberoamérica’, que realizaremos con el apoyo de la AECID, cuyo objetivo es: sensibilizar al personal que diseña las políticas públicas hacia las personas mayores sobre el edadismo y sus efectos; identificar cómo se refleja el edadismo en las políticas públicas y en la labor de las instituciones que trabajan hacia las personas adultas mayores; intercambiar estrategias para eliminar el edadismo entre instituciones responsables de esta materia en los países iberoamericanos; y generar una red informal de contacto entre personas expertas en esta materia.

P.- Junto con la OEI y la Fundación Astur, han presentado el ‘Protocolo sobre el acceso de las personas mayores a la sociedad digital en Iberoamérica’. ¿Qué destacaría de este manual de descarga gratuita?

R.- Primordialmente, destacaría la importancia que tiene este protocolo para contribuir con la alfabetización digital y la disminución de la brecha digital, al tiempo de promover políticas públicas que incluyan y reconozcan el derecho de las personas mayores a medios digitales. Recordemos que el protocolo recoge los cambios en el paradigma de derecho a medios digitales de personas mayores; el énfasis al cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos Humanos de las Personas Mayores; la brechas digitales y personas mayores; principios fundamentales de políticas de acceso de las personas mayores a la sociedad digital en Iberoamérica. Así como las líneas de acción estratégica a seguir, dentro de las que destacan: Acciones a nivel macro, entendiendo por tal el referido al establecimiento de regulaciones, propuestas e intervenciones socioculturales orientadas a la transformación de los imaginarios edadistas, la definición y adopción de políticas públicas que desde una perspectiva multidimensional incorporen la dimensión de la digitalización de los servicios públicos y el acceso a los bienes comunales (salud, educación, vivienda digna, protección social, seguridad, participación e inclusión social): (Campañas de sensibilización; diseño e implementación de políticas integrales e integradas del sector público, privado y asociativo, que, fundamentadas en las convenciones internacionales, la educación a lo largo de la vida, el enfoque de derechos y el envejecimiento activo mejoren el acceso a las TIC de las personas mayores; diseño, financiamiento y desarrollo de líneas nacionales de investigación académica y de I+D+I orientadas a producir información y desarrollos tecnológicos vinculados a la relación entre el envejecimiento, digitalización y tecnologías digitales; Diseño de políticas de incentivo fiscal para empresas de los sectores privados y asociativos que desarrollen programas y proyectos orientados a mejorar la accesibilidad, usabilidad y asequibilidad de sus prestaciones cuando estas se realicen a través de medios o procesos digitales). El diseño de políticas y acciones de inclusión digital a Nivel Meso, se orienta a la vida de las instituciones que son las mediadoras y efectoras de las políticas y de los servicios que brindan a las personas mayores, entre otras, la incorporación en las políticas de digitalización de los servicios sociales, de la seguridad social, de los servicios sanitarios, educativos y recreativos una perspectiva que considere a las personas mayores como un colectivo que requiere de dispositivos específicos que presten apoyo para la adquisición de habilidades digitales y, que adecuen sus protocolos a las características y necesidades de las personas mayores; desarrollar programas nacionales de alfabetización digital centrados en la adquisición de habilidades digitales para las actividades de la vida diaria. En el nivel micro, las políticas de inclusión digital deben orientarse a la promoción del uso de tecnologías digitales en la vida cotidiana. Las acciones a este nivel deben atender a las mismas personas mayores en sus contextos y condiciones de existencia, sosteniendo sus procesos de acceso, uso y apropiación de las tecnologías (promover acciones de alfabetización digital para no usuarios digitales en múltiples contextos y espacios de interacción y acceso de las personas mayores (centro de jubilados, clubes de jubilados, centros comunitarios, centros recreativos y deportivos, iglesias, etcétera).

P.- Alguna vez ha aludido al ‘mundo cada vez más desigual’ en el que vivimos. Pero ¿considera que hay un asunto mollar y común para las distintas sociedades sobre el que habría que incidir?

R.- Sí, efectivamente, considero que es importante y fundamental el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos. En este sentido, la OISS ha venido trabajando intensamente y, como resultado el XVII Congreso Iberoamericano de Seguridad Social celebrado en Santo Domingo (República Dominicana) en el año 2021 adoptó La Carta Iberoamericana de los Derechos Sociales Fundamentales. Asimismo, se debe prestar especial atención a los derechos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en concreto, a las recomendaciones de la ‘Observación general nº 8 sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo’ del artículo 27 de la CDPD; y a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo sostenible y, por lo tanto, transversales a las tres dimensiones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: social, económica y medioambiental.

P.- Finalmente, ¿qué asuntos son los que centran la agenda ahora mismo en la OISS? ¿Cuáles son sus retos más inmediatos?

R.- De acuerdo con el panorama de la seguridad social y protección social para los próximos años, como ya había comentado, se ha diseñado un nuevo plan estratégico para el periodo 2024-2030, ya aprobado el pasado mes de marzo por la Comisión Directiva de la Organización, que recoge cinco orientaciones estratégicas para atender a los desafíos para ese periodo que permitan entre otras cosas, el ejercicio del derecho a la seguridad social y del derecho al trabajo decente, puesto que la informalidad laboral afecta a más de la mitad de las personas trabajadoras de América Latina y el Caribe (alrededor de 150 millones) que son informales ((BID), 2021). En el caso de las personas trabajadoras con discapacidad es, en promedio, 11 por ciento más alta que la de personas sin discapacidad. La pérdida de empleo afecta especialmente a los/as trabajadores/as informales, a los/as de menor educación formal y a grupos de ocupados con menores calificaciones, además de las desigualdades de género existentes, las étnicas y raciales, las vinculadas a las etapas del curso de vida de las personas (infancia, juventud y vejez) y las desigualdades territoriales entre zonas urbanas y rurales, así como entre distintas regiones de cada país. El mundo laboral es uno de los ámbitos donde se observan los obstáculos a los que se enfrentan aún las mujeres, con inferiores tasas de participación en la fuerza laboral y mayores tasas de desempleo, más peso en la economía informal y una mayor inestabilidad laboral. Asimismo, se enfrentan a una importante brecha salarial y a las interrupciones de su carrera profesional debidas al cuidado de menores o de las personas mayores en situación de dependencia. Estas realidades afectan a los sistemas de pensiones, ya que se traducen en una menor densidad de las cotizaciones de las mujeres y, por tanto, en un menor acceso al derecho a una pensión contributiva y en una menor cuantía de las percibidas. De esta forma, las mujeres son las principales perceptoras de pensiones no contributivas y de pensiones derivadas de los derechos adquiridos por su cónyuge o pareja, cuya cuantía por lo general cubre solo las necesidades básicas. El riesgo de que se genere desconfianza en el sistema contributivo es otro reto. Por ello, es necesario concienciar e informar a la ciudadanía, fomentar la educación previsional, así como el fortalecimiento institucional para una respuesta acorde a las necesidades. La fragmentación de los sistemas de seguridad social que se da en algunos países de la región también contribuye a aumentar su complejidad haciéndolos más difíciles de comprender por la ciudadanía e incrementando los costes administrativos y de coordinación. Igualmente, la población migrante trabajadora es considerada como un grupo poblacional vulnerable, especialmente ante perfiles de bajo nivel de escolaridad o cuando el país de origen tiene niveles de pobreza superior al país de destino. Por otra parte, la siniestralidad laboral, que alcanza niveles realmente alarmantes, es otro de los grandes retos regionales. Desde el punto de vista de las tecnologías, los procesos acelerados de digitalización no siempre se acompasan con los recursos y las metodologías de trabajo de las entidades de seguridad social. Aplicar procesos digitales en la solicitud y gestión de prestaciones es un gran desafío para las entidades de seguridad social, para reducir tiempos de tramitación y aumentar la eficiencia y transparencia de su labor. Asimismo, otro reto es el aumento de procesos judiciales relativos a prestaciones de seguridad social por diferencias en la interpretación de la normativa, y problemas en la elaboración de la regulación, entre otros. Otro gran reto es el ejercicio del derecho a la salud. El principal desafío en este ámbito es la existencia de brechas en salud, principalmente aquellas derivadas de los condicionantes social de la salud. Los niveles de cobertura de salud aún distan mucho de la universalidad, con casi el 40% de la población de América Latina y Caribe sin seguro médico. Las personas que reside en regiones transfronterizas encuentran especiales dificultades para acceder a los servicios de salud, por la incompatibilidad de sistemas, diferentes recursos, falta de medicamentos, obstáculos a la repatriación, etc. La inversión pública en salud, según datos de CEPAL de (CEPAL, 2022), se encuentra en el 3.8% del PIB, lejos aún del 6% que la OMS recomienda. La implementación de sistemas de calidad, especialmente la gestión y en el manejo presupuestario, sigue siendo un reto para algunos países de la región. Las mujeres, por su menor autonomía económica, tienen un menor acceso a los servicios de salud y tratamientos, a lo que se suman los problemas derivados de la maternidad, la violencia de género y los abusos, el impacto en la salud de las dobles jornadas de trabajo y las consecuencias de no incluir la perspectiva de género en la atención de salud. La discapacidad es otro importante reto, puesto que influye en los ingresos de los hogares como consecuencia de un acceso a un nivel de escolaridad más bajo (vinculado a menor productividad y estabilidad); a menos participación en el mercado laboral (tanto de las personas con discapacidad como de las personas cuidadoras), lo que redunda en menor acceso a sistemas de salud contributivos y menores ingresos para acceder a sistemas privados o para gastos de bolsillo y tratamientos, al tiempo que afrontan mayores gastos relacionados con la salud, el transporte y la accesibilidad. El ejercicio del derecho a la protección social y el derecho al cuidado es otro gran reto. Pese a que los sistemas de seguridad social contributivos ofrecen mayores garantías de ingresos, los problemas estructurales del mundo laboral en la región llevan a menores niveles de cotización a sistemas previsionales. Esto hace imprescindible que se complementen los sistemas de seguridad social contributivos con sistemas de protección social no contributivos reforzados, que garanticen una calidad de vida digna, y que eviten las situaciones de pobreza y de indigencia en la vejez. Del mismo modo, es conveniente tener presente el proceso de envejecimiento poblacional, que en los países iberoamericanos es muy desigual. Los cambios demográficos se están produciendo de manera más rápida en América Latina y el Caribe que en Europa en contextos de mayor desigualdad y con menor capacidad de respuesta institucional en cuanto a la protección social y el ejercicio de derechos humanos. El envejecimiento genera retos en la financiación de los sistemas de pensiones, en la adecuación de la respuesta de los sistemas de salud y de los sistemas de cuidado, entre otros. Este proceso de envejecimiento elevará la demanda de servicios de atención a la dependencia y de los cuidados, se reducirá la oferta tradicional de servicios de atención, basada principalmente en el trabajo no remunerado de las mujeres de la familia. Estos escenarios obligan a las sociedades y a los gobiernos de la región a prepararse para apoyar a las personas con dependencia y sus personas cuidadores y, al hacerlo, avanzar en la agenda de género. Por ello, la OISS se centra en este nuevo plan estratégico para apoyar a los países en reforzar y modernizar los sistemas de seguridad social, mediante diferentes iniciativas, entre otras, la III Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo (EISST) para el periodo 2021-2025; la capacitación del personal de las instituciones de seguridad Social y de Protección Social, que mejora su labor y en el desempeño organizacional. Continuamos liderando el desarrollo de iniciativas de colaboración regional, como es la implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), o los programas de cooperación iberoamericana de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno –el Programa Iberoamericano de Cooperación Sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (PICSPAM) y el Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID)- e impulsa la colaboración entre entidades, como sucede con los temas de juventud desarrollados en cooperación con el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ (Organismo Internacional de Juventud)), o en la digitalización de las personas mayores con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI (Organización de Estados Iberoamericanos)). Promueve acciones en materia de constitucionalización de la seguridad social en los países iberoamericanos y en la reducción de los niveles de judicialización en materia de seguridad social. La OISS continua impulsando redes de trabajo estables del ámbito Iberoamericano, que producen importantes recomendaciones de política pública, como son los “Indicadores de calidad en salud”, el “Protocolo para la Humanización de la Salud”, “Protocolo para la buena gestión de las instituciones de seguridad social” o el “Protocolo iberoamericano sobre Prevención y Abordaje del maltrato, abuso y violencia hacia las Personas Adultas Mayores”; todo ello, para seguir consolidando una región más inclusiva y cohesionada.